¿Quién debe pagar la tasa de basura cuando un inmueble está arrendado?
La llegada de las liquidaciones de la tasa de basura de 2025 ha vuelto a generar dudas entre propietarios, inquilinos y administradores. Aunque se trata de un tributo aplicado a cualquier inmueble que se beneficia del servicio de recogida y tratamiento de residuos, la pregunta sigue siendo la misma: si la vivienda o el local está alquilado, ¿quién debe asumir exactamente este coste?
La respuesta no es tan simple como parece. Depende del tipo de contrato, del año en que se firmó y, cada vez más, de la interpretación que están haciendo los tribunales.
En los contratos anteriores a la LAU de 1995, la regla general es que la tasa solo puede repercutirse al inquilino si aparece expresamente prevista. Lo que no esté pactado, no se puede exigir. Sin embargo, la propia ley introdujo una excepción para contratos antiguos, firmados antes de 1985: en ellos se permite repercutir determinados servicios salvo pacto en contrario, y algunos tribunales han entendido que la tasa de basura encaja dentro de esos servicios repercutibles.
En los contratos firmados después de 1995, el criterio cambia: la tasa puede trasladarse al inquilino únicamente si existe una cláusula que lo atribuya de forma clara. Aun así, la jurisprudencia reciente está matizando esta postura y permitiendo la repercusión incluso cuando el contrato guarda silencio.
La Audiencia Provincial de Baleares (Sentencia 414/2024, Sec. 4ª) es un ejemplo de esta tendencia. Permite que el propietario traslade la tasa al arrendatario en dos casos muy concretos:
- Cuando el recibo está individualizado por vivienda o local.
- Cuando la tasa no existía al firmar el contrato, y por tanto no pudo preverse en su redacción original.
Estas interpretaciones muestran que no existe un criterio único y cerrado, lo que obliga a revisar con detalle cada contrato de arrendamiento para evitar conflictos innecesarios. En un momento en el que muchos ayuntamientos están actualizando valores y liquidaciones, tener contratos claros y bien redactados se ha convertido en una protección esencial para ambas partes.
En cuestiones que afectan tanto al ámbito administrativo como al inmobiliario, contar con asesoramiento jurídico especializado es fundamental. Un análisis adecuado del contrato, de las obligaciones tributarias y de la jurisprudencia aplicable puede evitar reclamaciones, tensiones y responsabilidades no deseadas.
